Oaxaca, Oaxaca, a 2 de febrero 2012
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asunto Medidas Cautelares MC-197-10 en beneficio de 135 habitantes de San Juan Copala.
1.- El gobernador se mantuvo en su postura der reconocer como únicas “autoridades”de San Juan Copala al “Agente Municipal” Julio Martínez impuesto por los Paramilitares que tomaron el poblado desde septiembre del 2010. Cabe señalar que Julio Martínez es el padre de Julio Cesar Martínez Morales, autor directo de la muerte de Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño y ha sido señalado como uno de los principales capitanes paramilitares de la masacre a la emboscada del 27 de abril del 2010. Julio Cesar Martínez Morales es el autor el pasado 5 de agosto de las muertes de tres indígenas triquis del municipio autónomo en la localidad de Agua Fría Copala.
2.- El gobernador se mantuvo en su postura de que solo dialogando con las “autoridades” que el reconoce, que es el profesor Julio Martínez, y aceptando las condiciones que esta “autoridad” establezca, se podrá dar el retorno de los desplazados.
3. El gobernador se negó a entregar a los desplazados de las medidas cautelares copia simple el acta de acuerdos de la reunión del 29 de junio en San Juan Copala.
4.- En esa acta que los dos copeticionarios presentes tuvimos por un par de minutos a la vista se ratifican las condiciones impuestas por el “agente Municipal” profesor Julio Martínez, consistentes en que no habrá ningún retorno antes del 23 de marzo de este año, que el retorno se realizará a un ritmo de una familia cada quince días, que cada familia deberá firmar un documento donde se comprometa a someterse a la voluntad de la autoridad impuesta por los paramilitares.
5.- Se descubrió en el acta que por minutos se nos permitió que: A) el gobierno de Oaxaca mintió cuando afirmó que las personas que tienen en su poder San Juan Copala exigían que fuera una comisión de máximo 10 personas a la asamblea del 29 de enero, cuando en realidad se estaba hablando de 10 FAMILIAS. B) el gobierno de Oaxaca manipuló la información al respecto de los que sostienen los que ocuparon a sangre y fuego San Juan Copala y hoy son la “Autoridad” que él reconoce, porque no solo piden estos las condiciones que hemos señalado, sino también LA AMNISTIA TOTAL PARA TODOS LOS ASESINOS QUE TOMARON EL POBLADO. C) Se descubrió también la incapacidad de análisis en un problema tan delicado como el que se enfrenta cuando no se habían percatado que el motivo por el cual la “autoridad” que él reconoce exige que sea el retorno posterior al 20 de marzo, es que como dice en el acta que el gobernador se negó a entregar copia, los que están en la actualidad ocupando el pueblo de San Juan Copala, tienen como dice el acta textualmente “que regresar a sus pueblos para en este periodo”. Esto es, no son habitantes de San Juan Copala, sino habitantes de otros pueblos que han ocupado ilegítimamente esta localidad apropiándose de las casas, de la tierra y del territorio y son precisamente los que el gobernador reconoce que deben de decidir cuando en realidad debería estar indagando los delitos de despojo, robo, allanamiento de morada que han cometido desde septiembre del 2010 a la fecha.
6.- Ante esta situación y las acusaciones del gobierno del estado en que el regreso planeado por los desplazados era un acto unilateral, se le respondió que por el contrario dicho retorno solo era el cumplimiento de la palabra ofrecida el 27 y 28 de mayo del 2011 en la personalmente el gobernador había pedido 10 días para que el retorno se diera en condiciones de seguridad, y en cumplimiento del convenio firmado el 17 de diciembre por el secretario general de gobierno en donde da un plazo que se venció el 20 de enero del 2012 para culminar el retorno de los desplazados.
7.- Frente a ello se planteó que el retorno sería una acción unilateral solo si el Estado mexicano y particularmente el gobierno de Oaxaca seguía en su postura de no cumplir lo convenido previamente, pero independientemente de la forma en que calificaran el evento de retorno, la obligación del Estado es garantizar la vida y seguridad de las personas de manera inmediata, específicamente de la caravana del retorno. 8.- Ante la actitud de incomprensión total del problema por parte del gobernador y en aras de quitar el último pretexto que este ha impuesto para pasar directamente el retorno de los deslazados, la comisión del Municipio Autónomo de San Juan Copala accedió a tener una plática en la ciudad de Oaxaca, con la presencia del gobernador, entre la comisión del municipio y “la autoridad” paramilitar que el gobernador reconoce como “única autoridad” de San Juan Copala, el día de hoy en hora que no se ha especificado aún. Los desplazados exigieron que dicha reunión tuviera traducción simultánea triqui español pues en la reunión del 25 de enero presidida por el gobernador, Rufino Merino Zaragoza amenazó de muerte a las autoridades presentes, para que levantaran la mano en el momento que él lo decía, y dijo: “las personas que han muerto en San Juan Copala se lo merecían por rebelarse contra el MULT, nosotros somos la mayoría, ellos no son nada y merecen morir, los que no quieran que les pase lo mismo levanten la mano”. Todo eso ante la complacencia y felicidad del gobernador Gabino Cué y demás funcionarios presentes.
9.- En todo momento el Estado mexicano trató de derivar la discusión de la mesa hacia el tema del “protocolo” y hacia el tema de una comisión de verificación de los acuerdos que si bien fue propuesta por los peticionarios, es un tema a discutir subordinado a los propios acuerdos y no condición para que estos acuerdos se inicien. También el Estado de Oaxaca trató de delegar en una comisión la tarea de decidir como debe ser el retorno de los desplazados, “el protocolo para el retorno de los desplazados” cuando ese era el objeto principal de la reunión, lo anterior con el objeto de seguir dando largas a la solución de la problemática planteada.
9.- Ya se terminó la mañana, pasan de las 12:00 del día y aun no se realiza la reunión acordada: Comisión de desplazados-”Autoridad” impuesta por paramilitares y reconocida por el gobierno.
10.- Seguimos exigiendo al Gobierno Federal su inmediata intervención y protección a la Caravana del Retorno de los desplazados de San Juan Copala, actualmente en zona triqui de gran peligro.
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad
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