miércoles, 15 de junio de 2011

Gran cantidad de armas..el regreso en flujo paulatino?!

No hay condiciones para regresar a San Juan Copala

Aunque “al interior de la comunidad el retorno de las familias desplazadas es bien vista, siempre y cuando se realice en un flujo paulatino y no de manera colectiva”, una Comisión Técnica designada por el gobierno del estado para ver estos casos, estimó que no hay condiciones para que las familias desplazadas del municipio autónomo de San Juan Copala regresen en lo inmediato a San Juan Copala.
En todo caso, el gobernador Gabino Cué recomendó que el regreso de los desplazados “sea pactado por cada una de las partes mediante acuerdos para evitar nuevos enfrentamientos”.
La Comisión Técnica, integrada por una decena de funcionarios estatales, consideró “que existen ciertas condiciones favorables para el retorno de los beneficiarios de las medidas cautelares, aunque todavía falta restituir algunos elementos en el tejido social que deben ser revisados y reconstruidos progresivamente antes de proceder con el retorno generalizado”.
En su informe, resultado de una visita a San Juan Copala el pasado 9 de junio, la Comisión Técnica concluyó que “una limitante importante para la seguridad es la gran cantidad de armas que se menciona que existen en la región”. Sugirió “derivar un plan de seguridad regional que acompañe el proceso de retorno”.
En un comunicado, el gobierno estatal explicó que en respuesta a las medidas cautelares del 7 de octubre de 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 135 habitantes de San Juan Copala, conformó la Comisión Técnica que estuvo el jueves 9 de junio de 2011 en la comunidad. Su propósito fue diagnosticar las condiciones para el retorno de las familias desplazadas a San Juan Copala.
Para garantizar esta visita se contó con el apoyo de elementos de la SSP quienes custodiaron y brindaron protección a la Comisión gubernamental.
El gobierno de Oaxaca dijo que junto con el gobierno federal han celebrado previamente reuniones con los beneficiarios de las medidas cautelares, para atender asuntos relativos a su seguridad, salud, demandas de justicia y otros temas planteados por los beneficiarios, los cuales han quedado plasmados en las minutas de trabajo suscritas por los participantes.
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