Un comunicado sobre San Juan Copala
hecho por las asociaciones “Nuevo Viento” y “Amigos de Jyri Jaakkola” el 27.1.2012
hecho por las asociaciones “Nuevo Viento” y “Amigos de Jyri Jaakkola” el 27.1.2012
Oaxaca debe terminar con la impunidad para garantizar la seguridad de los desplazados de San Juan Copala.
El retorno de 122 desplazados por la masacre cometida en 2010 en San Juan Copala, fue impedida durante más de un día por un bloque realizado por de 200 policías del gobierno local de Oaxaca, en la carretera pública de Tlaxiaco a Yosoyuxi el jueves 26 de enero.
Los derechos de retorno a su pueblo y al libre transito (por los que ellos habian pedido protección) fueron violados por los policías estatales, en contra de su obligación de garantizar y proteger estos derechos. Los desplazados, incluyendo a 71 mujeres y 26 niños fueron obligados a parar su viaje de vuelta y esperar allí fuera en plena noche con temperaturas muy bajas y sin alimentos.
El estado de Oaxaca no haya cumplido adecuadamente sus obligaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo las medidas cautelares MC 197-10 para garantizar la seguridad de los desplazados en su retorno a su legítimo territorio, San Juan Copala.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger a los 135 víctimas desplazadas obliga al gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal de estos 135 habitantes de San Juan Copala” según el acuerdo “concertará las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.”
Sin embargo, en vez de acordar con los desplazados sobre cómo garantizar sus derechos, el 25 de enero de 2012, el gobierno estableció un acuerdo con los que perpetradores de la masacre del 2010 en San Juan Copala, dejando así a las víctimas sin pronunciarse sobre sus derechos esenciales, socavados sin su consentimiento.
Para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre y garantice un retorno seguro a su comunidad de origen, así como protegerlos de cualquier interferencia o uso de la fuerza de los perpetradores.
El Estado se muestra por el contrario, acordando con los responsables de la masacre de la comunidad, en los términos de que después de 18 meses de desplazamiento, las familias desplazadas podrían empezar en Marzo a regresar gradualmente una por una, siempre y cuando acepten que su comunidad sea dirigida por los perpetradores de la masacre y de su desplazamiento.
Si el estado permite que estos hombres quienes aun controlan las armas y por ende a la comunidad capturada, determinando las condiciones de vida en la comunidad, entonces la duración del retorno podría tomar 4 años.
El gobierno aun considera como parte de las autoridades locales a los pistoleros Julio Martinez y Mauro Vasquez quienes participaron en la masacre en contra de los miembros y defensores del Municipio Autonomo de San Juan Copala, incluidos Bety Cariño, integrante de la organizaciòn Cactus y Jyri Jaakkola de nuestra asociación ¨Nuevo Viento¨.
Estas medidas del gobierno protegiendo a los asesinos en lugar de desarmalos y arrestarlos, favoreciendo la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pasadas y que se siguen perpetrando, como la de agosto del año pasado, en donde otra vez 3 miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron asesinados.
La comunidad desplazada Triqui demanda su derecho al acceso efectivo al territorio que le pertenece, cuyo retorno ha sido anunciado. Si el Estado no los protege y permite a los perpetradores de la masacre continuar con el control de la comunidad, el Estado estará violando su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los Triquis, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Por ello, demandamos al Gobierno de Oaxaca:
- Desarmar, arrestar, capturar, investigar y juzgar a los responsables de la masacre y del desplazamiento de los miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
- Garantizar sin retraso los derechos de los miembros de la comunidad desplazada, a la vida, la seguridad, al acceso a su territorio y a sus recursos para su subsistencia, a su autonomia y a demarcar su territorio donde ellos han vivido desde siempre y hasta antes de la masacre y un retorno seguro a su comunidad cumple con las obligaciones internacionales que exponen en el llamamiento anexo. (en Inglés)
Atentamente,
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