El relator de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, subrayó que el gobierno mexicano no ha hecho nada para castigar a los atacantes y proteger a beneficiarios de las medidas cautelares –ordenadas por dicha entidad desde el 7 de octubre de 2010–, y le dio un plazo de diez días a las autoridades para dar una respuesta sobre el tema.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 29/09/2011 12:51
Publicado: 29/09/2011 12:51
México, DF. A un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al Estado mexicano que le otorgue medidas cautelares a 135 pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala, debido al peligro que corren sus vidas por el asedio de grupos paramilitares, el gobierno ha sido omiso frente a dicha responsabilidad.
Así lo denunciaron activistas y habitantes de esa comunidad de la región triqui del estado de Oaxaca, quienes en conferencia de prensa dieron a conocer un documento elaborado por académicos especializados en el tema, donde plantean un esquema de diez puntos para alcanzar una solución al conflicto.
Josefina Albino, integrante del municipio autónomo copaleño, lamentó que los responsables de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), no hayan sido detenidos ni juzgados por las agresiones armadas que han cometido.
El pasado martes, el relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, subrayó que el gobierno del país no ha hecho nada para castigar a los atacantes y proteger a beneficiarios de las medidas cautelares –ordenadas por dicha entidad desde el 7 de octubre de 2010–, y le dio un plazo de diez días a las autoridades para dar una respuesta sobre el tema.
David Cilia Olmos, miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, señaló que el municipio autónomo no cree en la voluntad política del gobierno para solucionar el conflicto, y por ello dio a conocer un plan alternativo para alcanzar la paz en San Juan Copala, elaborado por un grupo de intelectuales y académicos.
Dicho esquema propone que el Estado atienda las causas estructurales de la pobreza en Copala; reconozca la autonomía declarada por los pueblos indígenas en 2007 en vez de combatirla; detenga y castigue a los responsables de asesinatos; garantice el retorno de los pobladores desplazados, y termine con el aislamiento de la zona, entre otros puntos.
Cilia deploró que a pesar del compromiso hecho por el presidente Felipe Calderón ante la CIDH por resolver el conflicto, su gobierno ha mostrado una gran “falta de pulcritud” para atender el caso, y dijo que estarán atentos para documentar la previsible falta de cumplimiento de las exigencias de Rodrigo Escobar.
Por su parte, Francisco Reyes, del Comité para la Defensa de San Juan Copala, sostuvo que el Estado mexicano ha mostrado un “profundo desprecio” por las comunidades indígenas que luchas por su autonomía, y exigió al gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, que se distancie de los grupos paramilitares de la región triqui.
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